Por Ricardo Reyes.
La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), calificada en círculos políticos y académicos como un «barril sin fondo» por su crónica inestabilidad financiera, enfrenta ahora un nuevo capítulo de turbulencias: un adeudo acumulado superior a los 5 mil millones de pesos con instituciones federales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Esta crisis, heredada de gestiones pasadas y agravada por multas y recargos, amenaza con paralizar operaciones en la máxima casa de estudios de la entidad, que atiende a más de 30 mil alumnos.
La rectora Norma Galván Meza, quien asumió el cargo en medio de este torbellino presupuestal, reveló en una reciente visita a la Ciudad de México que los adeudos datan de hace una década y se han triplicado por actualizaciones fiscales. «Es un problema muy fuerte; sin embargo, hemos platicado con autoridades de las tres instancias (IMSS, Infonavit y SAT) para hacer convenios de pago», afirmó Galván durante una reunión con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La UAN, con un presupuesto anual de apenas 2 mil 500 millones de pesos –que solo crecerá un 1.8% en 2026, por debajo de la inflación–, forma parte de un déficit nacional que supera los 50 mil millones de pesos en universidades públicas estatales.
El caso más apremiante involucra al SAT: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este miércoles 11 de diciembre un proyecto para confirmar una sentencia que obliga a la UAN a pagar 265 millones de pesos por no haber retenido ni enterado el Impuesto Sobre la Renta (ISR) descontado a sus trabajadores en 2020. Tribunales inferiores ya rechazaron recursos de la universidad, dejando el fallo en manos de los ministros. Este litigio no es aislado; representa solo una fracción de la deuda fiscal total, estimada en miles de millones, que incluye multas por omisiones recurrentes en retenciones tributarias.
La expresión «barril sin fondo» no es nueva para describir a la UAN. Desde hace años, críticos como el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero han señalado que la institución consume recursos estatales sin un retorno proporcional en desarrollo regional, a diferencia de otras entidades educativas como las Universidades Tecnológicas (UT) o la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). En junio pasado, Navarro lo reiteró al calificar el adeudo histórico con el SAT como «producto de administraciones anteriores, de pactos oscuros y silencios convenientes», apuntando a exrectores como Juan López Salazar –hoy prófugo de la justicia– y Jorge Ignacio Peña, quien enfrentó prisión por irregularidades financieras. Bajo Peña, la deuda con terceros institucionales se disparó, gestionada por funcionarios afines al Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit (SPAUAN), como Francisco Gómez y Juan Carlos Mariscal Haro.
Sectores universitarios advierten que la situación es «insostenible». Académicos y estudiantes han protestado por recortes en becas y mantenimiento de infraestructura, mientras la matrícula ha crecido un 12% en los últimos años, sumando presión a un sistema ya colapsado. «La corrupción y el despilfarro no permiten el avance de la UAN», denunció en septiembre el Movimiento Amplio de Nayarit (MANQ), exigiendo una auditoría exhaustiva. Galván Meza, por su parte, ha impulsado planes de austeridad en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Anuies, incluyendo la optimización de 36 escuelas y centros de investigación. «Una universidad que no se rinde», tituló la Anuies en un comunicado reciente, destacando la resiliencia institucional pese a la «tormenta».
El desenlace de la resolución de la SCJN podría ser decisivo. Si se confirma el pago, la UAN deberá reestructurar sus finanzas de inmediato, posiblemente recurriendo a subsidios federales o recortes drásticos. Mientras tanto, la entidad nayarita –única opción superior para miles de jóvenes locales– pende de un hilo entre la supervivencia académica y el colapso fiscal. ¿Podrá el nuevo año traer alivio, o será otro capítulo en la saga del «barril sin fondo»? La respuesta, como las deudas, parece acumularse sin fin.
